La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca emitió un documento mediante el cual denunció las detenciones, que consideran arbitrarias, de Ramón Calpanchay y Hugo Calpanchay, integrantes de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, “con una orden de detención sin justificación”.
29/11/2019
Las detenciones fueron ejecutadas por policías de Antofagasta de la Sierra. La acción fue caracterizada por los integrantes de la Nación Diaguita como “parte de los reiterados intentos por amedrentar y hostigar a los pobladores y comunidades que se proponen defender el territorio que habitan”.
Acusan al fiscal Jorge Flores, de Belén, de proteger los intereses de la empresa minera Livent, “porque tiene intereses económicos personales y familiares en el desarrollo de dicha actividad minera mediante la prestación de servicios logísticos, lo cual configura una incompatibilidad manifiesta para su función pública”.
“Esta no es la primera vez que dichos funcionarios públicos actúan en contra de los derechos de las comunidades originarias, desconociendo su existencia y ejerciendo un acto de discriminación explícita hacia comuneros por el sólo hecho de ser indígenas”, añade el documento, que además denunció “la violación y usurpación del territorio comunitario de la Comunidad indígena atacameños del Altiplano en el Salar del Hombre Muerto, departamento de Belén, Provincia de Catamarca, por parte de la empresa minera Livent para la extracción de litio, violando el art. 75 de la Constitución Nacional, la Ley 26160 y sus prórrogas respectivas”.
“Exigimos la liberación inmediata de los comuneros detenidos y exhortamos al fiscal Flores y a la policía local a cesar con las reiteradas violaciones a los derechos humanos y colectivos de las comunidades”, finaliza el documento.
Los detenidos fueron alojados en la comisaría de Antofagasta de la Sierra, pero luego trasladados a Belén.
Solidaridad del PO
El Partido Obrero emitió un comunicado en el que se solidarizan con los detenidos Ramón Calpanchay y Hugo Calpanchay, “Entendemos que su detención se da en un cuadro de persecución y hostigamiento de parte del Estado Provincial, que usa a la Justicia, en claro beneficios de las corporaciones que explotan litio en toda esta región. Dejamos claro que esta política represiva ya no es un problema de un juez belicho, es la orden del gobierno actual y del que asumirá del 10 de diciembre”, señala el escrito.